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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 08:45

ES EL TIEMPO DE LA PAZ TERRITORIAL E INTEGRAL

Por: Observatorio universitario (DLOEA)* & Colectivo Informativo Susurro*

 

Noviembre de 2013

       “A la memoria del estudiante UIS Jaime Acosta,

 asesinado en noviembre de 2002”

 

   No es un secreto que desde hace 6 décadas nuestra nación vive un conflicto social, político y armado. Y que la Doctrina de la “SEGURIDAD NACIONAL” ha sido la fuente político-militar de la cual han bebido las fuerzas militares y sectores de los gobiernos de turno (entre ellos los partidos políticos)

    Igualmente entendemos que es urgente e indispensable frenar el flagelo de la guerra para hablar de PAZ, pero una PAZ creadora de vida,  colmada de bienestar social que esté al servicio y merced de las mayorías nacionales.  

    En el tercer Encuentro Nacional por la PAZ celebrado en Vélez Santander (abril de 1989) el Movimiento 19 de ABRIL “M-19” señalaba que “El logro de la PAZ no es empresa fácil, que su materialización requiere el consenso de voluntades y abnegados esfuerzos de todos” igualmente sostenían que “es necesario un Cambio Radical, fundamentado en una auténtica DEMOCRACIA  donde el pueblo sea Soberano;  donde se eliminen los desequilibrios económicos, sociales y políticos; factores estos que determinan la miseria y las luchas entre los colombianos”[1]

    Entendemos de igual manera, que para obtener la PAZ colmada de bienestar social en favor de las mayorías nacionales, no son suficientes los acuerdos a que pudieran llegar el movimiento insurgente (ELN Y FARC-EP) con el gobierno nacional, ya que sin temor alguno podríamos afirmar que dichos acuerdos serían muy frágiles, si el conjunto de la nacionalidad no participa en el proceso de diálogo entre la insurgencia y el gobierno, es decir que se requiere de una participación actica de sectores como el campesino, mujeres, desplazados, sindical, organizaciones cívicas populares, medios de comunicación, universitarios, gremios económicos, y comunidad en general.

    Durante el periodo 2002-2010 fueron muy frecuentes las declaraciones presidenciales acerca que en Colombia no existía un conflicto interno, y que el problema del país eran las guerrillas de las FARC y ELN, a los cuales se les endilgó desde la llamada Casa de Nariño el título de narco terroristas. Dichas tesis cobraron fuerza después de la ruptura de los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP en febrero de 2002.

    Razón por la cual la problemática social en Colombia se enmarcó (por parte del gobierno de turno) en la lucha antiterrorista direccionada desde la Casa Blanca en cabeza de G.W Bush, a raíz de los acontecimiento del 11 de septiembre. Por ello se entiende la cruel justificación de la Política de “Seguridad Democrática”, es decir el discurso de la “cohesión social e inversión” vía para justificar el gasto del presupuesto de la nación en la confrontación militar e intensificación de la guerra. 

    De inmediato surgen las siguientes preguntas: ¿Es adecuada dicha caracterización para describir la situación que afronta Colombia? ¿No hay una guerra en el país? ¿No hay conflicto?

    La violencia contra la población civil, se ha caracterizados por acciones violatorias sucesivas como: Desapariciones forzadas, violencia sexual, asesinatos, minas antipersonas y secuestros, las cuales pueden ser vistas como estrategias de guerra para asegurar un control regional.    

    Según Jean Pierre Derriennic "La guerra es un conflicto violento entre grupos organizados" y así mismo sostiene que frecuentemente se alude al termino guerra “como un enfrentamiento entre iguales”, lo cual caracteriza a la guerras interestatales, es decir las que se presentan entre las fuerzas estatales y las fuerzas que se le levantan contra el estado.

    Para referirse a una situación de confrontación armada, también se utiliza el término de Conflicto Armado, según concepto del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, se considera que existe Conflicto Armado cuando “se presentan acciones (situaciones) de enfrentamientos episódicos entre fuerzas militares, en los que a lo largo de su duración se produce más de un millar de muertos”[2]

    El reciente Informe ¡Basta Ya! registra que entre 1958 y 2012 el conflicto armado en Colombia ha ocasionado la muerte a por lo menos 220.000 personas[3], estas cifras (registros) son aproximados ya que la dinámica de guerra del propio conflicto hace que muchas víctimas estén en el anonimato y en la imposibilidad de reconocerlas.

    Podríamos afirmas que en nuestro país, el conflicto armado no tiene distinción de clases sociales, ya que los actores armados enfrentados han usado todas las modalidades de violencia: Entre ellas la utilización de la población civil como informantes o cooperantes para poder alcanzar sus objetivos guerreristas. Muestra de ello fue la vergonzosa propuesta del expresidente Álvaro Uribe durante un foro económico en Davos-Suiza, dicha propuesta “humanitaria” consistía en promover la creación de una red de cooperantes compuesta por jóvenes universitarios, los cuales según el alto premier Uribe Vélez se vincularan a través de la fuerza pública, y serían cerca de mil  estudiantes universitarios que recibirán una bonificación mensual de $100.000 pesos para desarrollar trabajos como informantes  bajo la asesoría del “glorioso” Ejército colombiano.   

    La iniciativa de alistar jóvenes universitarios para crear una red de informantes, no es más que una estratagema para tratar de legalizar una especie de CONVIVIR estudiantiles al interior de las Universidades Públicas, lo cual es similar a lo que sucede en EEUU, en donde funcionan desde el año 2006 con el nombre de centros comunitarios de Inteligencia de EXCELENCIA ACADÉMICA con presencia en 22 campus universitarios.

    Es de conocimiento público que la Policía y el Ejército son instituciones que han estado directamente vinculadas con masacres y crímenes de lesa humanidad los cuales se efectuaron utilizando las denominadas redes de cooperantes e informantes que trabajaban de la mano y con las estructuras de las Autodefensa Unidas de Colombia- AUC. Masacres como las de Mapiripán y el Salado fueron el producto de dicha cooperación, y así mismo se demostró con el escalofriante escándalo de los mal llamados Falsos Positivos (Ejecuciones extrajudiciales) en donde el Ejército colombiano daba a sus oficiales y soldados recompensas para asesinar y desaparecer a jóvenes, quienes posteriormente eran presentados como trofeos de guerra ante los medios de comunicación, con el pretexto de ser guerrilleros caídos en combate.

Hablando de Paz, haciendo la guerra   

dron1   El pasado 11 de septiembre un proyecto de Ley fue presentado por el ministro de defensa (Juan Carlos Pinzón) ante el congreso de la república,- este proyecto fue curiosamente radicado semanas después de las protestas sociales que se efectuaron en la Región del Catatumbo (Norte de Santander) y de las protestas realizadas en el marco del paro nacional agrario; paro y protestas a las cuales el gobierno de Juan Manuel Santos dio un tratamiento represivo y militar como respuesta a las solicitudes y exigencias del sector campesino -  el proyecto pretende modificar el código y procedimiento penal, con el objetivo de aumentar y crear nuevos delitos para las personas que participen de manifestaciones populares, es decir, que dicho proyecto no solo tiene toda la intención de criminalizar la protesta social sino además judicializar cualquier tipo de conducta que implique un “desorden social”.

    Una de las proposiciones proyectadas en dicho plan del ministro de “guerra” JC Pinzón, está la que tipifica el delito de “Obstrucción a vías que afecten el orden público”, proponen prisión de 3 a 5 años, multas y pérdida de derechos para los infractores. Y en efecto lo que se busca es que las manifestaciones y protestas espontaneas que no tengan ningún tipo de permiso sean objeto de judicialización; así mismo en dicho proyecto de ley “se está contemplando prisión de entre 1 y 5 años para adolescentes de 16 a 18 años de edad, lo cual es un significativo endurecimiento de penas para los jóvenes según el Representante a la Cámara G. Navas Talero”[4]

    De manera reiterada el comando central del Ejército de Liberación ELN, ha revelado su interés de entablar e iniciar diálogos con el gobierno, y así mismo advierte y señala públicamente las diferencias que tienen con el gobierno en la concepción de la construcción de la PAZ [5]. Coincidimos con algunos sectores académicos que durante el marco del proceso de arquitectura de los diálogos exploratorios, muy seguramente sea indispensable algunas acciones que generen confianza entre las partes, entre estas que la guerrilla del ELN anuncie la liberación de la totalidad de los ciudadanos que tienen en su poder. Este tipo de actos podrían ser vistos por la comunidad internacional y por los colombiano/as como un gran paso de buena voluntad, encaminado hacia la edificación de una PAZ colmada de esperanza y creadora de vida.               

    Sin embargo llama la atención, que hace 5 meses el comandante del Fuerza Área (FAC-Colombia) General Tito Saúl Pinilla, “revelara” que dicha fuerza posee más de 50 aviones no tripulados, conocidos como Drones[6]. Y que evidentemente este arsenal de guerra no es solo para “ejercer soberanía”, monitorear las fronteras, y vigilar los oleoductos e infraestructura de las torres de energía en los sitios apartado del país.

    Algunos expertos han referenciado que estos Aviones Drones son la llave de la PAZ del gobierno Santos en el marco del Plan Espada de Honor, y que dicha flotilla de aviones también serán utilizados para combatir a la insurgencia y salvaguardar los intereses y capitales de las multinacionales mineras que hoy hacen presencia en nuestro territorio. Dichos aviones no tripulados han jugado un papel importante en las guerras de Afganistán e Irak, y por lo menos vienen sobrevolando desde hace dos  años regiones como el Catatumbo (Norte de Santander) y Saravena (Arauca)       

El paramilitarismo se viene reeditando 

2 1   Desde febrero 2010 Human Righs Watch (HRW) en su publicación “Herederos de los Paramilitares: La nueva cara de la violencia en Colombia”, referencia y demuestra, como la mayoría de individuos que participaron en los actos protocolarios de las ceremonias de “Desmovilización” fueron absueltos por la participación en estos grupos, pero nunca fueron investigados por otros delitos atroces contra la población civil; además ponen sobre la mesa y dejan en claro que los antiguos Bloques Paramilitares se están nuevamente reorganizando dentro de un proceso de reingeniería. MacFarland  Investigadora de HRW para Colombia afirma que estos “nuevos grupos” armados (a los cuales el gobierno insiste en llamar pequeñas bandas emergentes BACRIM), están compuestos por lugartenientes paramilitares que nunca se desmovilizaron, paramilitares que se desmovilizaron, y de nuevos jóvenes que están siendo reclutados. Tales grupos están operando de la misma forma que lo hacían antes las Autodefensas – AUC, es decir cometen violaciones contra la población civil, y participan en operaciones de narcotráfico. Dicha publicación mostró además que poseen nombres como “los paisas”, “los rastrojos”, “los nueva generación” y los conocidos “Águilas Negras”.  

   Igualmente en su Informe 2013 “El riesgo de volver a casa”, HRW, señala que de los casos que tienen documentados sobre abusos y violaciones contra reclamantes y líderes de tierras  “existen evidencias persuasivas que sugieren que grupos sucesores de los paramilitares habrían cometido la mayor parte de los asesinatos, tentativas de asesinato y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, así como también una proporción considerable de las amenazas”[7]  

foto2 3

   En el mismo sentido el informe alerta que la política institucional en el país, en materia de restitución de tierras presenta una gran debilidad fundamental, “El proceso no está acompañado de medidas paralelas destinadas a conseguir justicia por abusos contra los desplazados” y que la “respuesta” del Estado colombiano ante los abusos contra los reclamantes de tierras se ha centrado mayormente en simples expresiones de repudio por parte de los funcionarios de gobierno; sin embargo dichas expresiones de repudio y las acciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) “Son en definitiva MEDIDAS PALIATIVAS que NO contribuyen a controlar, ni a juzgar a los responsables que representan el origen de las amenazas contra la vida de los reclamantes.”   (8)

 *Edificio Camilo Torres Campus Universitario UIS, Cra 27- Calle 9 Bucaramanga-Colombia 

Referencias: 


[1] Memorias III Encuentro Nacional por la Paz, Departamento de Santander Vélez, abril 21 de 1989.

[2] La Guerra Interna y el Desplazamiento forzado, Jaime Zuluaga  Nieto, Universidad Nacional de Colombia Bogotá.

[3] ¡Basta Ya! Memoria de Guerra & Dignidad, Centro Nacional de Memoria Histórica GMH 2013. 

[4] "Se busca 'encajar' a los manifestantes en varios delitos", El Espectador 5 de octubre de 2013. 

[5] Carlos Arturo Velandia, La Paz es ahora, Revista Semana octubre 2013 

[6] Más de 50 drones ya vuelan en Colombia, Redacción El Tiempo, Mayo 2013.

[7] Informe “El riesgo de Volver a Casa”. Human Righs Watch (HRW), Septiembre 2013

[8] Ibid.

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