LA DEMOCRACIA ENTRE LA CRUZ Y LA ESPADA

Fernando Forero Cruz

 Santiago de Cali, enero 11 de 2014

"Las nuevas generaciones somos capaces de reinterpretar la historia, revisarla y  poderla entregar con una mirada limpia, no cargada de odios o de revanchas"  (María José Pizarro)

Es evidente que la clase política tradicional colombiana está dispuesta a cualquier faena con tal de impedir que movimientos políticos alternativos accedan a instancias de poder en este país, esta clase depredadora de sectores democráticos y de minorías sociales, enemiga de la constitución del 91 y afecta al modelo capitalista, aupadora de mercenarios que han borrado literalmente comunidades en tantas regiones de nuestra patria; financiadora de falsos positivos y de reformas que perpetúan la impunidad como en el caso del fuero penal militar, afortunadamente declarada inconstitucional por la corte; gestora de reformas antidemocráticas como la tributaria, presentada con el único propósito de disminuir impuestos a los grandes generadores de renta y aumentar el recaudo por cuenta de los asalariados y trabajadores independientes a través de figuras como el impuesto al consumo; autora de la reforma a la justicia, concebida exclusivamente para favorecer intereses de altos funcionarios de la rama, y de ninguna manera, para atenuar los graves problemas en la administración de justicia; también de la fallida, gracias al fuerte movimiento estudiantil, reforma a la educación superior por medio de la cual se pretendió abrir espacio para la inversión privada en detrimento de la inversión estatal y del derecho de los jóvenes a ingresar a la universidad pública; como si fuera poco, promotora de la más reciente reforma a la salud, que en nada cambia el actual modelo, toda vez que no elimina las EPS, responsables en gran medida de la crisis hospitalaria y por ende humanitaria, una élite para la cual la educación también es un negocio y no un derecho fundamental; capitalistas que se niegan a redistribuir sus enormes utilidades y que por el contrario, se ocupan de pauperizar cada vez más, los salarios de los trabajadores, golpeando inmisericordemente a las clases populares, una horda que ha optado por desmantelar y sembrar un oscuro panorama en el campo colombiano vía TLC, actuando cual mercaderes de soberanía entregando a las multinacionales nuestros recursos naturales, (Amazonas, Santurbán, Cerro Matoso, Guajira, La Macarena, Cajamarca, Cauca, Chocó, Buenaventura, entre tantos otros territorios), es la misma clase que hoy cual buitres procura recuperar la presa que poco a poco, en gracia al estilo de gobierno de Gustavo Petro, se les escurre entre las garras, y para rescatar ese preciado tesoro llamado “recursos públicos” del que se han nutrido generación tras generación, hallaron al personaje perfecto, nadie mejor para tal cometido que el procurador Alejandro Ordóñez.

Queda demostrado que cuando se trata de sus intereses, la derecha de este país no cuida de tácticas y estrategias, que la salve de errores o arbitrariedades como la cometida por Ordóñez en contra del alcalde de Bogotá; esta rancia oligarquía nacional representada en la ultraderecha prefirió, pisoteando el Estado Social de Derecho, utilizar su mejor verdugo, el cual como temible burlón, blandiendo, por cierto, al mejor estilo medieval, en una mano la cruz y en la otra la espada, la cruz, para invocar arcaicos códigos de ética y moral, con los que no comulga, según el procurador, el ateo comunista llamado Gustavo Petro, por lo que habría de imponérsele una “sanción ejemplar” (así lo ve el procurador) y la espada, para cercenar de tajo la cabeza del proyecto político con mayor énfasis democrático que tiene lugar en Colombia, bien denominado Bogotá Humana, que al parecer ha incomodado a quienes ven afectados sus intereses por cuenta de la implementación de políticas y programas tendientes a enaltecer la vida, garantizar la seguridad humana, preponderar el rol social de la mujer y adoptar acciones contundentes contra el maltrato a ésta y la infancia, así mismo ha incomodado a quienes como en Cali, han pretendido enriquecerse con los recursos destinados para la educación y la salud, por supuesto, les ha molestado dentro del programa de la Bogotá humana, la declaratoria del agua como derecho fundamental, estableciendo el mínimo vital que favorece cerca de 650.000 familias de estratos 1 y 2, al igual que la atención prioritaria a las víctimas del conflicto y de la discriminación social, la formalización laboral de los recicladores y carretilleros, el tratamiento al indigente y al drogadicto como enfermos y no como delincuentes y lo, que tal vez, más ha enfadado a los enemigos de este estilo de gobernar ha sido la férrea defensa que desde la administración ha asumido Petro respecto de los recursos públicos, aquellos tan vilmente manoseados por los siniestros promotores del neoliberalismo.

Abusando de sus facultades, el procurador no ha podido esconder su fanatismo religioso y político, y sin preocuparle los efectos, rebasando cualquier libreto hollywoodense, tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro, aun consciente de que por faltas mucho más graves, caso carrusel de la contratación, por la que inhabilitó con menos de un año al mayor responsable, en contubernio con las mafias de la contratación, de la más sonada malversación de recursos públicos en Bogotá, lo que no deja duda acerca de la actitud sesgada del procurador ante una decisión que va mucho más allá de una agresión contra el alcalde, ya que es un aleve atentado contra la democracia, contra la Constitución del 91, contra el Estado Social de Derecho y contra el proceso de paz, al cual le apostamos la inmensa mayoría de los colombianos.

Hoy esta Colombia, indignada debe decir ¡basta ya! a la secular ideología y a las actitudes antidemocráticas, sectarias, dogmáticas y aniquiladoras del procurador Ordóñez, quien además, valga recordarlo, también se ha dedicado a perseguir a las mujeres que incursas en una de las situaciones de embarazo descritas por la corte, deciden interrumpir el proceso de gestación; a la vez que ha emprendido una cruzada contra la población LGTBI, llegando hasta amenazar, con sanciones, a los notarios que osen efectuar matrimonios gay; redondeando su faena, eliminando diligentemente a sus contradictores políticos sacándolos del escenario a través de sanciones que los inhabilita casi de por vida para ejercer la función pública. No se trata de que no existan sanciones para los demócratas, quienes en ejercicio de sus funciones públicas, cometen errores, se trata de aplicar el mismo rasero a todas y todos, quienes procedan contra la constitución y la Ley, se trata de deslindar la ideología, cualquiera que esta sea, del rol constitucional que le compete al funcionario responsable de investigar y sancionar.

En semejante estado de cosas, la pregunta que cabe hacernos es ¿para qué el proceso de paz?, es claro que la paz no es la firma del acuerdo o la dejación de las armas, la paz comienza a edificarse con dichos eventos y tomará no menos de diez años ejecutar los cambios constitucionales y aplicar las políticas derivadas del acuerdo en sus distintos ejes, y vaya si existe ansiedad entre los ciudadanos por llegar prontamente a la firma del acuerdo, pero teniendo como referente la política de exterminio, agenciada por la misma clase política que hoy adelanta las negociaciones, en contra de los militantes de la Unión Patriótica, entre ellos el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, así como el asesinato del connotado líder y candidato presidencial de la AD M-19 Carlos Pizarro León Gómez y otros crímenes como el de Luis Carlos Galán, a más de la interminable relación de líderes sociales, estudiantiles, sindicales y políticos, y hoy el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, perseguidos por el establecimiento, es apenas lógico que una importante franja de colombianos consideremos que dicha clase política tradicional no constituye garantía para la consolidación de un verdadero proceso de paz, es natural que desconfiemos y pensemos que esta élite, acostumbrada a rendirle culto a la violencia y profundizar las diferencias sociales, estirpe nacida en inmemorables tiempos de nuestra independencia e irrigada con sangre chapetona y que pareciera extenderse eternamente a lo largo de nuestra patria, no es la más indicada para liderar el proceso de construcción de la paz, luego de la firma del acuerdo en la Habana, menos cuando hemos sido testigos que anticipándose a los designios que supone un proceso de transformación social, esa clase, ampliamente descrita, ha puesto en el camino una moderna guillotina, para impedir que hombres y mujeres demócratas lleguemos y lo que es más difícil, logremos mantenernos en los espacios de poder local, regional y nacional, por lo que es menester, gestar la revolución de los indignados para evitar que la anhelada paz se esfume como agua entre los dedos.