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15 febrero 2013 5 15 /02 /febrero /2013 20:51

HERMANITO1

 

Según las declaraciones que el lunes pasado hizo el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, al presentar la propuesta del Gobierno en torno a la reforma del sistema pensional y el esquema de protección a la vejez, éste se afianzará sobre los principios de equidad, sostenibilidad y cobertura, la cual para el año 2030 será del orden del 80%, cuando hoy apenas supera el 30%, es decir, hay sólo 1´650.000 personas con pensión, frente a los 5´300.000 que la deberían tener.

 

Aseguró el Ministro que la propuesta no incluye aumento de la edad de jubilación ni del número de semanas a cotizar, porque en un entorno de alta informalidad laboral como el que tiene el país eso haría más difícil pensionarse. Dijo que las pensiones altas no serán subsidiadas, que se fortalecerá el Régimen de Prima Media, y que éste y el Régimen de Ahorro Individual no competirán sino que se complementarán.

Anunció asimismo la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos, mecanismo de cuentas de ahorro voluntario, flexible y variado que tiene 20% de subsidio sobre lo ahorrado, con el cual a 2018 se busca cubrir a 7 millones de personas; y la ampliación del programa de protección a los mayores de 65 años del Sisben 1 y 2 que no tengan ingresos y tampoco hayan ahorrado en sus vidas laborales. Para el 2018 este programa estaría cubriendo a 2,4 millones de ellos. 

 

Sin embargo, tras una primera lectura de la propuesta, la dirigencia del movimiento sindical la fustigó y manifestó serios reparos a la misma, porque no llena las expectativas de los trabajadores. Es una reforma que busca soluciones por el camino equivocado, dijeron unos; una reforma fiscalista, dijeron otros; y todos coincidieron en que, así el Gobierno diga lo contrario, debilitará el régimen de prima media en beneficio del régimen de ahorro individual.

 

La Agencia de Información consultó la opinión de los líderes de la CUT, la CGT y la CTC, así como la de Héctor Vásquez F., investigador de la Escuela Nacional Sindical y estudioso del tema pensional. Estas son sus opiniones:

 

Domingo Tovar, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT:

 

Lo primero es que el Estado debe proteger a la vejez con un sistema pensional digno. Y la reforma que presentó el Gobierno no logra ese objetivo. Aunque el presidente Santos no lo diga, hace parte del proceso de desmonte del estado social de derecho y democrático, lo mismo que ha ocurrido con el sistema de salud. Y no es una propuesta nueva, ya estaba perfilada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Vale recordar que se incluyó en aquel referendo que derrotamos. Luego vino el acto legislativo de 2005 que acabó con el sistema pensional convencional y las otras normas que salen después.

Una verdadera reforma pensional tiene que resolver, primero que todo, el problema de la situación laboral. ¿Por qué la baja cobertura? Porque el sistema de contratación en Colombia no da para cotizar a pensiones. Hay 14 millones de trabajadores informales, con muy baja capacidad de cotización.

En el fondo lo que se busca es acabar con el régimen de prima media y fortalecer el ahorro individual, manejado en su mayor volumen por el capital financiero privado. Se busca que cada quien tenga una pensión de acuerdo con su capacidad de ahorro, y en Colombia los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro por lo pírricos que son los salarios.

El  tema es muy serio y requiere una amplia discusión, pero creo que ésta no se va a dar porque ya el gobierno y los partidos políticos tienen decidida la agenda legislativa.  Va a ocurrir lo mismo que pasó con el proceso de la reforma tributaria: presentamos ponencia y fuimos a todos los escenarios, pero no nos tuvieron en cuenta para nada, no nos recogieron una letra. ¿Qué nos queda entonces? Articular un plan de movilización social con el resto de la sociedad colombiana en la lucha por una pensión digna.  

 

Witney Chávez, Secretario General de la CUT:

 

La propuesta del Gobierno no ataca el problema de fondo, no propone soluciones. Las 3 estrategias de protección al adulto mayor que nos presentaron: la reforma pensional y los dos componentes complementarios: los llamados PEBS y la ampliación del programa Adulto Mayor, realmente no contribuyen a resolver el problema central, no garantizan que los trabajadores tengan una protección digna en su retiro; no logra alterar las condiciones en que nos embarcó la Ley 100.

 

No resuelve el problema de cobertura. Parte de reconocer que los pensionados representan el 30% de la población adulta mayor, y su idea es que en el año 2030 tengamos cubierto el 34%. O sea que no habrá incremento porcentual del volumen de los pensionados.

El hecho de que haya pocos cotizantes al sistema lo determina un modelo de desarrollo que es el resultado de factores como la apertura económica, la política minero energética, los TLC, las privatizaciones de lo público; un modelo que no estimula el empleo formal y por el contrario aumenta la informalidad. Si este modelo no se cambia es imposible ampliar el número de cotizantes.

Hay que reconocer que no se aumentan las edades ni las semanas de cotización, porque el mismo gobierno argumenta que si se aumentan habrá menos cotizantes y baja cobertura; e incluso plantea propuestas de reducción del número de semanas en casos especiales.

 

Nuestra posición siempre ha sido la de fortalecer el régimen de prima media. Pero vemos que en la propuesta del Gobierno éste se diluye, se debilita. Se piensa meter a todo el mundo en el régimen de prima media con un salario mínimo, y las cotizaciones por encima de ese mínimo pasan al régimen de ahorro individual, que en la práctica se ve fortaleciendo, y el ahorro individual no contribuye a la generación de la pensión. Además pierden valor las mesadas pensionales de las personas que coticen más allá de un salario mínimo.

 

El otro tema es el de las personas que no tienen derecho a una pensión: la gente de la economía informal, independientes, cuentapropistas. Sobre esto el gobierno tiene dos estrategias. Una que ya está en marcha y es la de los auxilios del programa Adulto Mayor, que tiene poca cobertura: un millón de personas apenas, cuando hay 5 millones para cubrir, y recursos irrisorios, una suma que fluctúa entre 40 y 70 mil pesos por persona, que ni siquiera les permite salir de la extrema pobreza. La propuesta es extenderlo a todos los adultos mayores del Sisben 1 y 2, pero apenas en 1918.

 

La otra estrategia es la de los beneficios económicos periódicos, que vienen del acto legislativo del 2005. La gente puede cotizar menos del mínimo, lo que pueda, y cuando llegue a la edad del retiro se mirará cuántas semanas cotizó para que el  gobierno le contribuya con un 20% y le entregue un auxilio proporcional a lo que cotizó. La suma será irrisoria, por la sencilla razón de que inmensa mayoría de los trabajadores no tienen capacidad de ahorro.

Ante esto, estamos trabajando con las centrales y los pensionados buscando profundizar el análisis de las propuestas para edificar los criterios que desde el movimiento sindical le plantearemos al país.

William Millán, Secretario General Confederación General del Trabajo, CGT:

 

Hay que advertir que la CGT no asistió a la reunión de la Comisión de Concertación en que el gobierno presentó la propuesta. Desde diciembre no asistimos a dicha comisión porque después del fracaso de la negociación del salario mínimo entendimos que entre el gobierno y los empleadores existe un contubernio, pactan acuerdos por debajo de la mesa. Además nos pareció muy grosera la manera como el Ministro de Trabajo se refirió a los trabajadores.

 

Creo que lo mismo está ocurriendo ahora con la reforma pensional, una reforma que no consulta los verdaderos intereses de la población colombiana. Y no la vamos a legitimar con  nuestra presencia para que luego se diga ante los organismos internacionales que aquí sí se hacen ejercicios de concertación pero que finalmente no hay acuerdos.

La realidad es que hay muchos colombianos y colombianas que no tienen derecho a  pensión, entre otras cosas por la temporalidad de los contratos, trabajadores que solo tienen vinculación formal de 3, 4 o 6 meses al año.

 

Creemos que se está tratando de solucionar el problema pensional por donde no es, y a futuro podría generar una desfinanciación del sistema de pensiones. En la CGT hemos venido proponiendo que debemos fortalecer el régimen de prima media, como ocurrió con la reforma que se hizo en Argentina, donde se fortaleció. Aquí lo que se quiere es que todo el mundo tenga una pensión mínima, y no se habla de las demás personas que han trabajado y aportado más. También hemos dicho que la llamada bomba pensional no existe. Existirá cuando empiecen a agotarse los recursos de los fondos privados, a partir del 1º de enero de 2015.

El gobierno dice que no se aumentarán las edades ni las semanas de cotización, pero nos preocupa que sea apenas una introducción de la discusión, para que  los gremios y los demás interesados, entre ellos los fondos de pensiones, pretendan reformar esa situación. Asofondos ya anda diciendo que ve con preocupación la propuesta porque va a desfinanciar los fondos. O sea que, sin decirlo, está planteando la posibilidad de ampliar la edad o las cotizaciones. Hay vemos un peligro que se cierne sobre la clase trabajadora.

 

Es un tema muy complejo, no es fácil de digerir y apenas lo conocimos esta semana. Hemos venido haciendo estudios para poder construir una posición clara ante el gobierno. También hemos convocado a las asociaciones de pensionados de la CGT y a la Confederación Colombiana de Pensionados, para movilizarnos, porque está en juego el futuro de los trabajadores de este país.

Miguel Morantes, Prte. Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC:

 

Insistimos en que el régimen de prima media es el más justo para el pensionado, y no el sistema de ahorro individual. Pero debe estar reforzado con otros pisos de salario para que haya la solidaridad y se asegure la cobertura y la sostenibilidad del sistema. Porque lo que vemos hoy es que la inmensa mayoría de los trabajadores está por fuera de la pensión.

 

El sistema tiene hoy poca cobertura porque, debido al subempleo y al empleo informal, hay mucha intermitencia laboral. La gente trabaja 3, 5 meses y después no vuelve a trabajar, y así es muy difícil acreditar las semanas requeridas. La solución es que el gobierno, los empleadores y toda la sociedad colombiana se la juegue por crear empleo formal, que es el que contribuye a que el sistema tenga sostenibilidad y más gente se pueda pensionar.

 

Estamos por defender el sistema de la prima media, con asignaciones definidas y por supuesto con solidaridad. El esquema que se nos presenta: la cotización en prima media por solo un salario mínimo, nos deja dudas, porque entonces los potenciales pensionados no van a recibir la solidaridad de la gente que más gana, sino sólo el subsidio del Estado.

No vemos que la solución sean los fondos de pensiones. Tenemos ejemplos dramáticos de cómo administran a sus pensionados. Un caso que denunciamos de un pensionado que tenía $1´500.000 pesos de mesada en el 2011, y en el 2012 pasó a ser de $1´250.000, y la explicación que le dieron es que cayó la rentabilidad de los fondos. O casos de personas que eran del régimen de prima media y, debido a la publicidad engañosa que se les hizo a los fondos de ahorro individual, se pasaron a éstos. Pero ahora el fondo les responde que no pueden acceder a la pensión porque no alcanzaron a ahorrar la suma que se requiere, entonces les dan una indemnización y dejan la gente desprotegida.

Estamos de acuerdo en que las personas mayores que hoy no tienen opción de pensionarse tengan protección del Estado, con programas como Adulto Mayor. Pero estos programas no deben ser alimentado por los pensionados porque eso no es equitativo, sino por el presupuesto nacional, que a su vez puede financiarse con la explotación de los recursos naturales, que es la riqueza de los colombianos y debe beneficiar a los mismos colombianos, especialmente a los más pobres y desamparados; recursos que hoy se llevan las empresas extranjeras.

 

Héctor Vásquez F. Director Área de Investigaciones de la ENS

 

Creíamos que el gobierno iba a proponer una reforma más agresiva, que definitivamente atacara los dos grandes problemas del sistema pensional. Uno es la baja cotización de la población trabajadora: sólo el 32% cotiza. O sea sólo la tercera parte tiene alguna expectativa de pensionarse; pero sólo expectativa, porque no todos lo logran debido a las características del mercado laboral: altas tasas de desempleo, formas de contratación tercerizadas que no aseguran continuidad en los aportes, y más de la mitad de los trabajadores en la economía informal, en el rebusque. Menos del 1% cotiza a pensiones. Un reciente estudio del Banco de la República indica que menos del 10% de los actuales trabajadores se van a pensionar al cabo de su vida laboral.

El segundo problema es la exclusión: de cada 100 adultos mayores apenas 31 están recibiendo una pensión. El resto, si no tiene una renta, que es una minoría, está condenado a vivir de la solidaridad de la familia o en la indigencia.

 

Ninguno de estos dos problemas los resolverá la reforma propuesta por el gobierno, que es fiscalista, sólo trata de resolver el problema fiscal. La propuesta de financiar pensiones hasta un salario mínimo (todos debemos cotizar sobre un salario mínimo) en principio suena bien porque iguala a todo mundo en torno a un salario mínimo, e iguala el subsidio del Estado que hoy es inequitativo: los que más tienen más reciben y los que menos tienen menos reciben. Pero no resuelve los dos problemas aludidos, es más, acaba de tajo con el sistema actual, en donde la pensión está en consonancia con el ingreso base de liquidación, lo que le permite a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo tener una pensión que asegure un mejor nivel de vida.

Va a tener sí un efecto positivo sobre las finanzas del Estado, que hoy destina $24 billones para pagar a 1´600.000 pensionados. Sólo que el 86% de esa suma va a financiar pensiones millonarias, no recae en el régimen de prima media. Recae principalmente sobre los regímenes especiales: fuerzas armadas, policía, congresistas, jueces y magistrados de las altas cortes, que tienen pensiones millonarias por las que nunca han cotizado.

Lo que resuelve ambos problemas sería el mejoramiento del mercado de trabajo con más empleo formal, más vigilancia del Ministerio de Trabajo para que los empleadores no eludan las obligaciones que tienen en materia pensional. Pero con el modelo económico que tenemos eso no es posible, porque es un modelo basado en la minería, el sector financiero, las exportaciones y los TLC, que no genera empleo formal.

 

El gobierno dice que al 2030 el 80% de la población mayor estará cubierta. Lo propone a través de la implementación de los beneficios económicos periódicos, los llamados Beps, que consisten en que los trabajadores que no puedan afilarse al régimen de prima media, porque no tiene empleo estable ni ingresos que les permita cotizar sobre un salario mínimo, abran una cuenta individual donde pueden ahorrar hasta un máximo de $850 mil al año, y al cabo de su vida laboral el gobierno les va a garantizar un 20% adicional y un ingreso para toda la vida.

Pero esa propuesta no es práctica, porque los trabajadores de la economía informal, que es a quienes va dirigida, no tienen capacidad de ahorro. Sus ingresos en promedio representan el 80% de un salario mínimo, y gastan el 70% de sus ingresos en solo alimentación y vivienda, no les queda para ahorrar. Si calculamos sobre el máximo que un trabajador de éstos pude ahorrar durante 10.3 años, que es el tiempo promedio de cotización al régimen pensional, le daría para un ingreso mensual de $93 mil, incluido el subsidio. Entonces ese trabajador va a preferir el subsidio que hoy reciben los adultos mayores, que es de $75 mil, por el que no debe ahorrar nada.

 

Desde el movimiento sindical estamos proponiendo que se establezca un sistema de protección social universal para toda la población adulta mayor, los llamados Pisos de Protección Social que propone Naciones Unidas y la OIT, y que ya se han implementado en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y 25 países en todo el mundo. Consiste en asegurarle a todo adulto mayor un ingreso mínimo para su vejez que los proteja de caer en la indigencia, independientemente de si ha cotizado o no al régimen pensional,

El movimiento sindical está de acuerdo en que ese piso mínimo sea equivalente a medio salario mínimo, un poco más de la línea de pobreza, que se pueda incrementar con ahorros individuales y con cotizaciones. Es un sistema sostenible porque se puede financiar con los recursos que hoy se destinan al programa de

adulto mayor, con la devolución que deben hacer los fondos privados y Colpensiones cuando un trabajador no aporte las semanas suficientes, con el fondo de garantía mínima pensional, con el fondo de solidaridad pensional y con el presupuesto de la nación. Cuesta unos $7 billones, que es menos que las exenciones tributarias que en el gobierno Uribe se otorgaron generosamente a las grandes empresas inversionistas.

Agencia de Información Laboral

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