Proceso de Paz en la Habana

Jaime Nieto

El proceso de diálogo y negociación entre las guerrillas de las FARC y el Gobierno Nacional en la Habana (Cuba) ha entrado en una etapa difícil, densa y tensa. Hay que celebrar que efectivamente se pactaron unos acuerdos, aunque aún no definitivos, en materia agraria. Pero el punto dos de la agenda de seis previamente acordados puede resultar tan espinoso y complejo como el anterior. El punto dos se refiere a la participación política y comprende desde los derechos, seguridad y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final, el acceso a medios de comunicación, hasta acuerdos sobre mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores.

En el centro del debate sobre el punto dos está el marco jurídico de la paz recién aprobado por el Congreso a iniciativa del Gobierno, los dilemas sobre justicia transicional (derechos de las víctimas y paz sin impunidad) y la controversia acerca de los mecanismos de refrendación ciudadana de lo acordado en términos de referendo o asamblea nacional constituyente. El debate es fundamental. Si el primer punto referido al tema agrario sienta las bases para la sostenibilidad social del proceso, este segundo sobre participación política establece el marco político que hará posible la transición de las guerrillas a movimiento político legal; de ahí la importancia que cobran los temas de garantías y seguridad.

Garantías políticas para que las guerrillas una vez convertidas en movimiento político puedan participar en el debate político democrático con expectativas ciertas de convertirse en alternativa de poder o acceder a cargos de representación política; todo lo cual implica a la luz de experiencias anteriores como las llevadas a cabo con el M-19, el EPL y el MAQL en los años 90, acuerdos puntuales sobre favorabilidad política y circunscripciones especiales de representación política nacional y territorial. Esto último deberá ser complementado con acuerdos más amplios que hagan sostenible el proceso en el mediano plazo, como, por ejemplo, la reforma del régimen político (menos presidencialista y más democrático), la reglamentación democrática de la participación ciudadana (que garantice mayor poder a los ciudadanos en la toma de decisiones sociales y políticas), democratización de los medios de comunicación y un estatuto democrático de la oposición que garantice la pluralidad de partidos y movimientos políticos. Todo esto pasa necesariamente por la superación de la arraiga mentalidad de las élites  de que la política en Colombia se hace sin las izquierdas.   

El punto de las garantías está estrechamente ligado al de seguridad. No es posible pensar en una transición política de las guerrillas a movimiento político legal con la incertidumbre de que se repita un nuevo baño de sangre como el ocurrido en los años 80s con la UP. De ahí que el punto de seguridad deba traducirse en la garantía real de que  el  movimiento político de las guerrillas que surja del acuerdo final o sus dirigentes no va a ser estigmatizado o criminalizado. Esto implica, por ejemplo, una reforma política de las FFAA y los aparatos de seguridad del Estado orientadas hacia el respeto de los DDHH y la superación de la ideología antisubversiva y anticomunista fuertemente arraigada a partir de la llamada ideología de “seguridad nacional” heredada de la “guerra fría”. Implica también un compromiso a fondo por parte del Gobierno Nacional para combatir el paramilitarismo o las Bacrim y depurar la acción política de sectores de las élites nacionales y locales comprometidas con el crimen  como forma de acumular poder político y riquezas.

En la ronda de discusión en la Habana sobre este punto dos de la agenda, las FARC han tomado la iniciativa política. Han hecho público los diez puntos que presentarán a la mesa sobre participación política, entre los cuales se incluyen la restructuración del Estado, garantías para la oposición, democratización de la información, mayor peso político a las regiones en la actividad política, participación popular y asamblea nacional constituyente. Nada del otro mundo. Con la excepción del punto sobre Asamblea Nacional Constituyente, los puntos planteados por las FARC parecen bien encaminados y de ninguna manera pueden considerarse por fuera del marco de lo acordado en la agenda. No son minimalistas en términos de sellar una supuesta capitulación política, ni tampoco maximalistas que hagan imposible el debate y la negociación política en la Habana. En buena medida actualizan reclamos que desde el Frente Nacional, la izquierda y sectores democráticos vienen exigiendo para la democratización de la política en Colombia. Habría que esperar los contenidos concretos que los negociadores le den a cada uno de estos puntos en el desarrollo de la negociación. 

Quizás el punto más espinoso y que más controversia  ha suscitado es el referido a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Después de la frustración producida tras la promulgación de la constitución de 1991, por su incumplimiento, por las contrareformas de que ha sido objeto o por los desarrollos legislativos en contra de su espíritu democrático y transformador, el punto de la convocatoria a una constituyente se viene planteando en el país desde hace varios años. La idea la agitan sectores de la izquierda y de los movimientos sociales, y hasta la derecha uribista con propósitos claramente reaccionarios.

Incluir el punto de la Asamblea Constituyente en la negociación con el gobierno es sin duda un error político de las FARC. Por un lado, no podría ser un mecanismo refrendatario de los acuerdos pactados en la Habana para poner fin al conflicto, puesto que por su propio carácter deliberativo, pluralista y autónomo, en vez de sellar acuerdos los deshace, tal como lo han subrayado correctamente los voceros del gobierno en la negociación como Humberto de la Calle. Pero, por otro lado, atar la convocatoria de una constituyente al acuerdo final del conflicto armado, daña a la una y malogra al otro. La convocatoria de una asamblea constituyente no puede ser el resultado de acuerdos entre élites (así éstas estén en orillas adversas del espectro ideológico y político), sino el producto de una vasta y amplia movilización popular, y cuyo cometido no puede circunscribirse a lo pactado entre esas élites, sino a lo que en representación del poder constituyente primario, el pueblo decida. La constituyente es una exigencia democrática de primer orden, que va más allá de la paz negativa pactada entre las guerrillas y el Gobierno. Está articulada estrechamente a la movilización nacional por una paz positiva, duradera y estable, a la configuración de nuevos y vigorosos sujetos sociales y políticos, que instituya un nuevo orden social y político fundado en criterios de justicia social y democracia popular.

Las guerrillas de las FARC tienen el legítimo derecho de plantearla y agitarla en los marcos de la negociación, como espacio político que es, tal como igualmente lo hacen sectores de la izquierda y del movimiento popular; y si están realmente comprometidas con su convocatoria, como se espera que lo estén, su deber es seguirla agitando como movimiento político legal tras los acuerdos con el Gobierno. Pero condicionar el acuerdo final a la convocatoria de la constituyente es como echar la cucharada de miel en el barril de brea.