Por: Héctor Pineda S. * ticopin57@hotmail.com
Es posible, un cuarto de siglo después, que la pestilencia del humo del incendio y la pólvora esté impregnada en la memoria olfativa de los sobrevivientes del holocausto producido por la toma violenta por el M-19 y la retoma cruenta del Ejército de las instalaciones del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Los hechos y las responsabilidades, entre otras, siguen siendo motivos de aparentes insalvables broncas contra los sobrevivientes integrantes del M-19, de reclamos de los familiares de las víctimas, de especulaciones desmentidas y de decisiones jurídicas cuyos alcances y consecuencias, apenas, se empiezan a dilucidar y debatir.
Quién escribe, integrante del M-19 por casi un lustro, debe reconocer que la toma del Palacio de Justicia, aún antes que se sucediera, fue un enorme error político y militar. Pero sucedió y, con entereza, se debe asumir la responsabilidad que corresponda, en las circunstancias jurídicas pertinentes. Con humildad, hay que implorar el perdón de todos aquellos a quienes se les causó daño, por acción u omisión. Es contrición necesaria.
Pero, con firmeza, se debe rechazar la versión que pretende endilgar, a los del “eme” muertos y sobrevivientes, la condición de “mandaderos” de Pablo Escobar. Enlodar la memoria de los muertos, en especial la de Alfonso Jacquin Gutiérrez y Carlos Pizarro, a quienes conocí en su dimensión humanitaria y talante, es inaceptable. Seguramente nos equivocamos, cometimos errores, pero “mandaderos de las mafias” jamás. Y se rechaza, además, porque está en juego el buen nombre.
25 años después, como lo han expresado públicamente algunos del M-19, es ya el suficiente tiempo transcurrido y la distancia histórica para mirar, con tranquilidad, la verdad del Palacio. También, como lo dijo una mujer del M-19, en reciente conversación, el Palacio de Justicia mostró, en toda su dimensión, la degradación, el agotamiento y la inutilidad de la guerra. Sin el Palacio de Justicia, aunque pueda parecer una afirmación perturbadora, jamás el M-19 habría descifrado las claves para decidir el “adiós a las armas”. Otros, sin embargo, encuentran difícil discutir lo del Palacio de Justicia en un contexto actual (jurídico y político) totalmente distinto al que existía cuando se sucedieron los hechos y se pactó la paz con el M-19. Y, a decir verdad, no han faltado voces que advierten que se está buscando una simetría inadmisible entre lo que hizo el M-19 (la toma violenta), con algo que es bien distinto como los delitos de lesa humanidad (desapariciones y asesinatos) que se cometieron en la retoma y la omisión del Gobierno de entonces.
En estos cinco lustros de recordación, entonces, se ha escuchado la voz del Gobierno, en cabeza del Presidente Santos, comprometido con la búsqueda de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. La Fiscalía reabrió el proceso y ha señalado responsabilidades. Los Tribunales de justicia plantean nuevos enfoques sobre lo sucedido. También, se tramita el proyecto de ley sobre víctimas en el que se establece la revisión de los beneficios jurídicos para quienes firmamos la paz a finales de los ochenta y principios de los noventa. Habrá debates. Mientras tanto, heme aquí.
*Constituyente de 1991