Bogotá, septiembre 27 de 2010

Doctor

DIEGO PALACIO BETANCOURT

Ciudad

Aunque no recibí directamente la carta que usted publicó por diversos medios hace unos días, dirigida a mi persona, varios amigos me han hecho llegar el texto y otros me sugirieron buscarlo en el diario El Colombiano en su edición del 16 de septiembre.

 El eje de su escrito es una crítica a la carta que yo le dirigí al Padre John Dear, jesuita estadounidense muy comprometido en actividades en favor de la paz y la justicia, y en la cual yo le expresaba mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Georgetown, centro educativo de nuestra congregación religiosa en Washington, hubiera invitado a dictar conferencias sobre liderazgo al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien, a mi juicio, desarrolló una política sustentada en principios, comportamientos, estrategias y directrices incompatibles con fundamentos éticos universales. Si bien el Padre John Dear no está vinculado a la Universidad de Georgetown, acudí a él como más conocido y amigo, para que transmitiera mis inquietudes a los superiores de la Compañía en los Estados Unidos y a las directivas de la Universidad. Puesto que el hecho era público y escandalizó a muchos millares de personas, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, era necesario hacer públicos, también, los cuestionamientos.

 Usted se siente aludido, aunque no lo menciono por su nombre, en el párrafo referente a los mecanismos corruptos que rodearon la re-elección presidencial en 2006. Allí defiende su inocencia y afirma que “en algunos casos se ha politizado la justicia y, simultáneamente, se ha judicializado la política”. Yo diría que no sólo en algunos casos; esta es una práctica sistemática que yo he denunciado multitud de veces. Lo invito a leer mi derecho de petición a las altas cortes del 19 de enero de 2009, documento de 180 páginas en el cual demostré minuciosamente la podredumbre de la justicia en Urabá y solicité de manera apremiante que se declarara un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”. Y si quiere ahondar más en esa podredumbre, lo invito a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, en el cual puede documentar en lo más concreto de lo concreto, y de manera abundante, la “politización de la justicia y la judicialización de la política” que usted parece descubrir en su propio caso, pero me sorprende enormemente que un ex Ministro que hizo parte durante 8 años de un gobierno que politizó la justicia y judicializó la política en grado escandaloso, sólo descubra dicha perversión cuando lo toca personalmente.

 Dejando de lado, Doctor Palacio, los intentos del ex Presidente Uribe por cooptar todos los órganos del aparato judicial y disciplinario, con miras inocultables a neutralizar las decisiones que lo afectaban a él y a su gobierno, llegando a tildar de “terroristas” o “politiqueros” a los funcionarios que no se le sometían, así fueran magistrados de altas cortes, lo que más envileció la administración de justicia fue que ésta, sobre todo en la periferia, fue controlada y ejercida por el poder ejecutivo a través de brigadas militares, distritos de policía y organismos de seguridad del resorte de la Presidencia, con la estrategia del montaje judicial puesto al servicio de intereses inconfesables. Todo revela, Doctor Palacio, que usted ignora los millares de millares de tragedias y sufrimientos que esta política llevó a humildes hogares de campesinos, de trabajadores urbanos, de indígenas, de gentes comprometidas en organizaciones y movimientos sociales estigmatizados y de militantes de la oposición política. En ese modelo de “justicia” adulterada y envilecida, el poder ejecutivo impuso el sistema probatorio del sólo testimonio, manipulado éste mediante el chantaje, la tortura, la amenaza y sobre todo el soborno, apoyándose en la política de recompensas que degeneró en la más perversa compra de conciencias, la cual afectó destructivamente el patrimonio moral del país y generalizó el principio del “todo vale”, característica inconfundible del gobierno que terminó y que lo colocó en los antípodas de la ética.

 Lamento, Doctor Palacio, que usted sólo perciba la politización de la justicia y la judicialización de la política en “algunos casos” y no en las estrategias políticas del gobierno en el cual usted participó durante 8 años. Nunca es tarde, sin embargo, para tomar conciencia de las realidades en que estamos sumergidos y que a veces nos enceguecen e inmovilizan. Lo invito de nuevo a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil” para que vea cómo funciona esa “justicia” envilecida en los meandros concretos de la cotidianidad que afecta a las masas humildes de este país.

 En la parte final de su carta usted me coloca entre quienes, en lugar de buscar justicia, buscan venganza, a la vez que se muestra contrariado por mi apelación a los principios éticos, los cuales, según usted, no pueden ser reivindicados exclusivamente por quienes  “ya condenaron al presidente Uribe”. Supongo que insinúa que existe una ética acorde con los comportamientos, directrices y principios que inspiraron dicho gobierno, la cual yo quisiera ver explicitada en beneficio de un sano debate. Finalmente usted califica mis denuncias y apelaciones a la ética como posiciones que “no reflejan un sentimiento ni un comportamiento cristiano” sino una posición ideológica; un “odio profundo y resentimiento infinito”.

 Me he preguntado qué lo pudo llevar, Doctor Palacio, a calificar mi escrito como inspirado en deseos de venganza y en sentimientos de odio. ¿Quizás un deseo de deslegitimar mi clamor por la ética de nuestras instituciones religiosas, no discutiendo la veracidad e inmoralidad de los hechos concretos y de las políticas denunciadas, sino eludiendo el debate y tratando de estigmatizar gratuitamente a la persona denunciante? ¿Quizás un deseo de callar al denunciante dándole un golpe bajo, donde más le duela, que son sus principios éticos y religiosos que riñen con la venganza y con el odio? ¿Quizás la carencia de argumentos para desmontar realidades que son inocultables y de público dominio, recurriendo entonces a la descalificación de quien las censura?

 Aunque frecuento reuniones de víctimas demasiado heridas por las atrocidades que las han destruido y que no ocultan sentimientos de venganza, he procurado siempre, no sólo en cumplimiento de deberes religiosos sino por profunda convicción, transformar los deseos de venganza en deseos de justicia, poniendo el énfasis en la búsqueda de caminos que garanticen la no repetición de los horrores y en la corrección de las conductas que han llevado al exterminio de tantas vidas y a la destrucción de tantas comunidades y formas de supervivencia. Esto es muy diferente de la venganza en la cual se alimenta el deseo de someter a sufrimientos equivalentes a los victimarios. Puedo decir que la inmensa mayoría de las víctimas con las cuales comparto reflexiones y sentimientos, están muy lejos del odio y la venganza, la cual buscaría reproducir el sufrimiento en los responsables de las atrocidades. Al contrario, suelo escuchar permanentemente de boca de padres, madres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, una frase que se ha vuelto proverbial en nuestro pueblo pobre y sufrido: “eso no se lo deseo ni al más sádico de los victimarios” (refiriéndose a lo que a ellos les han hecho).

 Usted, Doctor Palacio, afirma en las últimas líneas de su carta, que se debería pedir justicia, y una “justicia pronta, imparcial y objetiva”. ¿Acaso no es eso lo que hemos buscado por muchas décadas sin éxito alguno? ¿Ignora usted, acaso, la impunidad que afecta a millones de crímenes de lesa humanidad, e ignora también los mecanismos sistémicos de impunidad, registrados, documentados y analizados por tantos organismos nacionales e internacionales?

 Ante su inconformismo frente a mis denuncias y frente al clamor para que no se ofrezcan cátedras a quienes han regido aparatos tan corruptos y criminales, no puedo entender qué es lo que usted propone. ¿Sugiere, acaso, que nos callemos y dejemos que las estrategias y comportamientos que han destruido a tanta gente sigan vigentes sin oposición alguna, y aún más, se conviertan en modelos de exportación? ¿A ese silencio; a ese conformismo; a ese ajuste, lo llamaría usted un comportamiento “ético” y “cristiano”?

 Pero lo que encuentro más difícil de entender en su discurso es la coherencia entre palabras y hechos. Usted aboga por posiciones y discursos ajenos a la venganza y  al odio y en eso estoy en total acuerdo con usted. Pero, si esa es su posición y esas son sus convicciones, ¿cómo pudo permanecer usted ocho años como integrante del gobierno del ex Presidente Uribe, si unos de sus rasgos más destacados y característicos fueron justamente el odio y la venganza?

 Nadie ignora que el Doctor Uribe fue víctima de las FARC, pues según lo han difundido todos los medios masivos, su padre fue asesinado por dicho grupo insurgente. Llegado a regir los destinos del país, hizo de su afán de venganza el eje de su política de seguridad, descartando todo entendimiento o diálogo en torno a los objetivos políticos y sociales de la insurgencia y absolutizando la guerra a muerte que llevara a su exterminio. El lenguaje que utilizó para ello hirió permanentemente la sensibilidad de enormes capas sociales, y los imaginarios militares, siempre envueltos en la emotividad del odio más acendrado, inundaron los medios masivos. Su obsesión patológica por la “seguridad”, interpretada a la medida de sus odios, llevó a crear un ambiente nacional de desconfianza y de prejuicio generalizado entre los ciudadanos; a presumir prácticamente un “enemigo” potencial detrás de cada compatriota; a poblar de costosos aparatos de seguridad e inteligencia todos los despachos públicos y privados, hasta acostumbrarnos a que si uno no se somete a que lo consideren un delincuente o un terrorista mientras no pruebe lo contrario, no puede ingresar a ninguna oficina. El país se tuvo que acostumbrar a escuchar que su Presidente incitara a matar por todas las emisoras y cadenas televisivas, y a que lo hiciera con lenguajes crudos e impúdicos que hacían inocultable un afán de venganza radical, así como a los espectáculos macabros de cadáveres destrozados y ensangrentados, sobre los cuales el gobierno hacía festejos interminables de condecoraciones, alabanzas y ascensos, mientras los medios mercantilizaban la barbarie sin pudor.

 Pero los círculos del odio y la venganza no terminaron en los grupos insurgentes. Usted, Doctor Palacio, como acompañante del Jefe del Estado en dos períodos consecutivos y co-autor activo o pasivo de todas sus políticas y decisiones, sabe de sobra que ese odio cobijó con creces a los movimientos sociales; a los grupos de oposición; a quienes denunciaban cualquier atrocidad y a quienes no compartían su modelo de sociedad centrada en el poder de las empresas transnacionales y en las políticas globalizadoras de los Estados Unidos. Odió particularmente a los movimientos y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, en quienes veía obstáculos para implementar sus métodos de exterminio. Usted lo sabe de sobra pero es necesario recordarlo aquí: la única forma de darle apariencia legal a esas descargas de odio contra líderes sociales o humanitarios, era inventándoles nexos con la insurgencia, para que el aparato de justicia y/o el militar-paramilitar actuaran contra ellos y ellas, con miras a neutralizarlos o exterminarlos. Es dentro de esta estrategia donde el poder ejecutivo usurpa las funciones del poder judicial o lo coopta, y así se multiplican por doquier procesos con captura y años de prisión en los que los militares detienen sin orden judicial alguna; construyen “pruebas” pagando a desmovilizados avezados en el crimen para que rindan falsos testimonios; mezclan la amenaza y el chantaje con el soborno para lograr aceptación de cargos y sentencias anticipadas, luego de convencer a sus víctimas de que no tienen otra escapatoria, mientras los funcionarios judiciales se limitan a refrendar los montajes militares, pisoteando todos los principios del debido proceso, de los códigos internos y del derecho internacional. Es, quizás, superfluo, recordarle todos estos mecanismos a quien participó en el más elevado círculo del poder político por ocho años, y que de seguro conoció mucho más a fondo estas estrategias en su misma fuente. No dudo que usted participó en la discusión de la Directiva Ministerial Permanente No. 29, del 17 de noviembre de 2005, en la cual se tasa en sumas diferenciadas de dinero el exterminio de vidas humanas, pues si no la hubiese aprobado o hubiese estado en desacuerdo con ella, era lógico esperar su renuncia, la que nunca se produjo.

 ¿Cree usted, Doctor Palacio, que la actitud del ex Presidente Uribe frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se fundó en sentimientos profundos de odio? ¿Cómo explica usted que jamás hubiese tomado medida alguna para proteger a esa población de las continuas masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, robos de animales de carga, de ganado, incineración de viviendas, destrucción de cultivos, amenazas de muerte, anuncios persistentes de exterminio y otras muchas atrocidades, todas perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, puesto que los paramilitares se movilizan conjuntamente con las tropas, coordinan sus movimientos y hasta cocinan juntos el almuerzo a la vista de todas sus víctimas? A pesar de que el Doctor Uribe fue informado con detalle y oportunamente de cada crimen, ¿por qué cree usted que eludió durante los ocho años en que usted lo acompañó, toda acción de control y protección, como se lo ordenan preceptos específicos de la Constitución Nacional? Aún más, ¿por qué cree usted que el Doctor Uribe profirió cinco calumnias contra la Comunidad de Paz, difundidas por todos los medios masivos de información, y no quiso retractarse a pesar de que se le demostró que su actuación violaba lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191/04?

 Quizás argumente usted, Doctor Palacio, como lo han hecho varios de sus camaradas, que al ex Presidente Uribe no se le puede hacer responsable de muchas cosas lamentables que ocurrieron durante su gobierno y en las cuales él no habría tenido el poder decisorio. Sin embargo, todos los procedimientos y estrategias que mencioné en mi carta al P. John Dear, constituyeron elementos articulados de políticas conscientemente diseñadas, múltiples veces denunciadas pero tozudamente mantenidas activa o pasivamente, en contravía de los preceptos constitucionales que hacen del jefe del Estado el garante supremo de los derechos constitucionales. Hoy día la justicia universal, saliéndole al paso a la elusión de responsabilidades en numerosos genocidios de la historia, ha definido más rigurosamente la responsabilidad de mando, identificando el rol de quien dirige un aparato criminal sin dar una sola orden concreta de cometer un crimen, pero sabiendo que la máquina que dirige y controla, a través de sus múltiples mecanismos propios, los ejecuta al por mayor. En realidad, el orden jurídico acatado por tribunales internacionales, establece que a una persona natural se le imputan los resultados de una acción como si fuera suya, aunque no la haya ejecutado materialmente, cuando el deber de evitar ese resultado era jurídicamente exigible. La Constitución colombiana no deja dudas al respecto.

 Ciertamente, Doctor Palacio, me queda muy difícil comprender que usted recomiende actitudes ajenas al odio y a la venganza, luego de haber participado en las más altas instancias de un gobierno que pasó a la historia como prototipo del odio y la venganza convertidos en poder. Y peor aún, que me acuse a mí de abrigar sentimientos de odio o de venganza por expresar mi desacuerdo con que ese modelo sea exportable a través de ingenuos programas académicos encubridores. Usted bien sabe que mis palabras fueron un sonido en el desierto, pues el Doctor Uribe  dictó de todas maneras sus conferencias en Georgetown, donde se impusieron finalmente las razones del poder. Estoy acostumbrado a clamar en el desierto, en un mundo y una sociedad que asimila cada vez más el “todo vale”, pues se le ha inoculado tal miedo a pensar y a ser diferente de lo que afirma y permite el poder, que se ha rutinizado la pasividad y el ajuste al “statu quo”, así éste sea el más atroz.

 Atentamente,

 Javier Giraldo Moreno, S. J.

Por: Héctor Pineda S. * ticopin57@hotmail.com

Es posible, un cuarto de siglo después, que la pestilencia del humo del incendio y la pólvora esté impregnada en la memoria olfativa de los sobrevivientes del holocausto producido por la toma violenta por el M-19 y la retoma cruenta del Ejército de las instalaciones del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Los hechos y las responsabilidades, entre otras, siguen siendo motivos de aparentes insalvables broncas contra los sobrevivientes integrantes del M-19, de reclamos de los familiares de las víctimas, de especulaciones desmentidas y de decisiones jurídicas cuyos alcances y consecuencias, apenas, se empiezan a dilucidar y debatir.

Quién escribe, integrante del M-19 por casi un lustro, debe reconocer que la toma del Palacio de Justicia, aún antes que se sucediera, fue un enorme error político y militar. Pero sucedió y, con entereza, se debe asumir la responsabilidad que corresponda, en las circunstancias jurídicas pertinentes. Con humildad, hay que implorar el perdón de todos aquellos a quienes se les causó daño, por acción u omisión. Es contrición necesaria.

Pero, con firmeza, se debe rechazar la versión que pretende endilgar, a los del “eme” muertos y sobrevivientes, la condición de “mandaderos” de Pablo Escobar. Enlodar la memoria de los muertos, en especial la de Alfonso Jacquin Gutiérrez y Carlos Pizarro, a quienes conocí en su dimensión humanitaria y talante, es inaceptable. Seguramente nos equivocamos, cometimos errores, pero “mandaderos de las mafias” jamás. Y se rechaza, además, porque está en juego el buen nombre.

25 años después, como lo han expresado públicamente algunos del M-19, es ya el suficiente tiempo transcurrido y la distancia histórica para mirar, con tranquilidad, la verdad del Palacio. También, como lo dijo una mujer del M-19, en reciente conversación, el Palacio de Justicia mostró, en toda su dimensión, la degradación, el agotamiento y la inutilidad de la guerra. Sin el Palacio de Justicia, aunque pueda parecer una afirmación perturbadora, jamás el M-19 habría descifrado las claves para decidir el “adiós a las armas”. Otros, sin embargo, encuentran difícil discutir lo del Palacio de Justicia en un contexto actual (jurídico y político) totalmente distinto al que existía cuando se sucedieron los hechos y se pactó la paz con el M-19. Y, a decir verdad, no han faltado voces que advierten que se está buscando una simetría inadmisible entre lo que hizo el M-19 (la toma violenta), con algo que es bien distinto como los delitos de lesa humanidad (desapariciones y asesinatos) que se cometieron en la retoma y la omisión del Gobierno de entonces.

En estos cinco lustros de recordación, entonces, se ha escuchado la voz del Gobierno, en cabeza del Presidente Santos, comprometido con la búsqueda de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. La Fiscalía reabrió el proceso y ha señalado responsabilidades. Los Tribunales de justicia plantean nuevos enfoques sobre lo sucedido. También, se tramita el proyecto de ley sobre víctimas en el que se establece la revisión de los beneficios jurídicos para quienes firmamos la paz a finales de los ochenta y principios de los noventa. Habrá debates. Mientras tanto, heme aquí.

 *Constituyente de 1991

CARLOS PIZARRO: UN GUERRERO DE PAZ



Sinopsis

Documental biográfico sobre la vida de Carlos Pizarro Leongómez, último comandante del M-19, pionero del primer proceso de paz exitoso en Latinoamérica y candidato a la presidencia de Colombia, quién fue asesinado el 26 de abril de 1990.

Las entrevistas a sus familiares, amigos, compañeros de militancia, periodistas y personajes de la vida pública, conforman el hilo narrativo del documental. Basado en una amplia investigación de archivo y documental realizada por su hija María José en búsqueda de la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de la figura de Carlos Pizarro.


Ficha Técnica

Dirección General                                                                      Dirección de Contenidos
María Victoria Guinand - Rafael Pinaud                                       María José Pizarro R.

Investigación y Libretos                                                             Producción
María José Pizarro R.                                                                 Luz Esneda Vélez
Jaime David Pinilla
 
Cámara                                                                                    Sonido
Cristian Laverde                                                                       Alejandro Eslava


Post-Producción                                                                        Diseño Gráfico
Alberto Pardo T.                                                                       Mario Garzón
Andrés Pereañez                                                                       Diana Carvajal


Diseño de Sonido y Musicalización                                             Trailer
Sound Designer                                                                        Andrés Pereañez y Felipe Domínguez


Musica Original                                                                        Duración 65 min.
Fiallo Sónido Fiel                                                                      Idioma Español
Oriol Novella                                                                                    


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Como congresista en el período pasado, fui ponente del proyecto de ley de víctimas de la violencia en Colombia. Acompañé al partido liberal, a sus autores, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, a las audiencias públicas que se hicieron en todo el país, especialmente en las zonas que fueron más afectadas por masacres y hechos que conmovieron la historia más reciente de nuestro país y que se hicieron contra una población pobre e invisible para el resto de sociedad. Un ejemplo ello son algunos municipios de la costa atlántica, centro , sur,  del país, santanderes , donde escuchamos las voces de las víctimas, fueron jornadas extenuantes, porque conocimos detalles, y el inmenso dolor que tienen millones de colombianos de escenas oprobiosas, por masacres, violaciones,  asesinatos que fueron cometidos con sevicia y que quedaron marcados en su memoria.

Cada audiencia se constituía en un encuentro con la dolorosa realidad de familias con las cuales el Estado y la sociedad no han tenido el gesto de pedirles perdón por lo que han sufrido.

En Colombia estamos acostumbrados ha hacer leyes para los victimarios, de rebaja de penas, de perdón, amnistías, principio de oportunidad, pero muy poco para quienes han soportado los rigores de la guerra.

Este proyecto contiene temas importantes y entre todos quiero señalar como fundamental los principios, ellos determinan que hay que creer en la buena fe de las víctimas, por una razón elemental; los hechos ocurrieron y las muertes se cuentan por millares, la carga de la prueba no puede estar en cabeza de una persona violentada.

El otro aspecto también  polémico en el gobierno anterior, fue el universo de víctimas, en el que se deben de incluir todas las formas de violencia, incluidos los cometidos por los de agentes del Estado. El argumento que en su momento expresó el ex presidente Alvaro Uribe, es que esto bajaba la moral a la tropa.

Concepto que le desvirtuamos, porque esconder esta responsabilidad es colocar la Constitución Nacional y la política de seguridad sin ningún tipo de control y esto no es bueno en ningunas fuerzas armadas del país que se llame democrático en cualquier lugar del mundo.

El tema de reparación de víctimas del conflicto es consustancial con la implementación de una jurisdicción activa con capacidad de transar y restaurar rápidamente al ciudadano y  a la familia afectada. Reparación que se debe hacer económica con devolución de tierras, facilidades para producir, construcción de vivienda, todo acompañado de ayuda sicológica. Pero por sobretodo con un gran compromiso de la sociedad de que situaciones como las que hemos vivido en los últimos años, jamás la volvamos a repetir.

El tema de las tierras ocupa un lugar fundamental en esta futura ley, su devolución debe ser un hecho sin que se requiera para ello cambiar el  código contencioso administrativo.

Insistí en esas largas discusiones con los representantes del gobierno, en un tema básico, y es el compromiso de la comunidad internacional que manifiesta su interés en que se reparen las víctimas como se ha hecho en otros procesos, caso Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos, entre otros.

Los organismos de crédito internacionales deben de realizar moratoria de capital intereses para que estos recursos se destinen al fondo de reparación. Colombia debe cerca de 43 mil millones de dólares que representan el presupuesto general de la Nación en un año. Por lo tanto no se puede decir que es fiscalmente imposible la implementación de esta ley y que no se someta a los beneficiados a un enredo jurídico con operadores de la justicia que afecten el endeble patrimonio que puedan recuperar las personas afectadas.

Debo agregar, que es importante la actitud del Presidente Santos al apoyar decididamente esta ley y de designar al vicepresidente de la República Doctor Angelino Garzón como el responsable para que salga adelante. Con esto se recupera uno de los valores fundamentales del pensamiento liberal, que es el humanismo. Felicito al partido liberal a los autores y promotores de esta iniciativa, con ésta no hay duda que Colombia se acercará un poco mas a lo que es un país civilizado.

Franklin Legro Segura

Con la muerte de  León María Lozano [1], se pensaba que había llegado el fin de los asesinatos políticos y los crímenes de estado  en colombia. Los llamados “pájaros” de entonces nunca dejaron de actuar, sirvieron durante todos estos años al poder político liberal-conservador en todas sus variantes[2], con miles de muertos regando toda la geografía patria, con muchas victimas y casi ningún victimario: Impunidad absoluta.

Se ha pretendido y pretenden enterrar una historia que se construyó sobre la base del crimen organizado, dividiendo al país, apropiándose de la riqueza y silenciando la justicia. El problema político Colombiano  y el alto grado  de violencia, marcaron indeleblemente a varias generaciones y como subproducto una clase parasitaria que ha venido consumiendo gobiernos, territorios, personas y hacienda pública[3]; el espíritu constitucional en defensa de la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía colombiana se ha convertido en  una ficción; esto debe llevarnos obligatoriamente a una reflexión crítica sobre nuestro pasado para saber que país queremos construir, sin exclusiones, en donde todos/todas cabemos, asumiendo nuestras responsabilidades, sin cerrar los ojos o sin mirar para otro lado como ha venido sucediendo

Las anteriores líneas vienen escritas a raíz del estreno reciente de la obra de teatro “El deber de Fenster”[4] basada en los hechos que a continuación reproducimos en los cuales la fecha desde nuestro punto de vista no importa, porque podría ser cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, en cualquier ciudad, pero no en cualquier país. Dicen que fueron 300 muertos; a Leon María Lozano “El Condor” se le atribuyeron 3000 y a los instigadores de lo que se llamó el período de “La violencia” 300.000, ojala podamos cerrar la contabilidad pronto.

 Lunes 6 Marzo 1995

Testimonio atroz

La Revista SEMANA revela los apartes más espeluznantes del testimonio inédito del hombre que supuestamente presenció la masacre de Trujillo.

EL PRESIDENTE ERNESTO SAMPER reconoció la plena responsabilidad del Estado por la masacre de 107 personas en Trujillo. Uno de los testigos del genocidio fue Daniel Arcila Cardona, quien después de fugarse denunció el hecho ante las autoridades. Medicina Legal lo declaró enajenado mental. Su testimonio era tan horripilante que desafió la credibilidad y no fue tenido en cuenta. Arcila desapareció en 1991, presuntamente asesinado. Hoy, cuando su inverosímil historia ha sido corroborada oficialmente, SEMANA presenta este excepcional documento:

"Yo estaba charlando con varios suboficiales por ahí a las 10 y 30 de la mañana cuando uno de ellos vio a un hombre que bajaba en una mula. Entonces él le dijo a unos soldados que estaban parados en la carretera que lo requisaran. Yo volteé a mirar y vi que él era el guerrillero que el día del combate me pidió los papeles a mí (el testigo se refiere a un enfrentamiento ocurrido el 29 de marzo de 1990, en el cual guerrilleros del ELN dieron muerte a siete miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército).

"Entonces yo le dije eso a mi cabo y le echaron mano, lo bajaron y lo amarraron con el mismo rejo de la mula y lo recostaron contra el barranco. El guerrillero tenía 17 años. Luego nos fuimos a donde estaba mi capitán y le entregamos al guerrillero. Estábamos parados ahí cuando subió un campero Toyota con ocho personas y se detuvo màs adelante. Entonces un teniente le dijo a unos soldados que miraran a esa gente para ver qué querían y si iban armados. Del carro se bajaron un sargento del batallón y unos tipos con fusiles R-15 y pistolas. Como los soldados reconocieron al sargento entonces no hicieron nada: Los que venían en el campero fueron hasta donde estábamos nosotros y hablaron con el capitán, quien les preguntó quiénes eran y ellos le respondieron que venían del puesto de mando adelantado (Arcila se refiere a una base militar instalada provisionalmente en una zona rural de Andinápolis, cerca de Trujillo, para perseguir a los guerrilleros que emboscaron a los militares días atrás. El encargado de las operaciones era el mayor del Ejército Alirio Urueña Jaramillo).

"Poco después los del Toyota, incluido el sargento, dijeron que regresaban a Trujillo. Entonces yo le dije a mi capitán que yo también me iba porque estaba muy cansado. El me autorizó, pero con la condición de regresar el lunes siguiente para que les ayudara como guía. Nos metimos todos dentro del carro y a mi lado quedó el guerrillero.
"Durante el recorrido ellos llamaron por radio a un jefe de ellos, al que le decían: “Tío”, vaya saliendo que aquí llevamos al guerrillo”. Entonces llegamos a la finca de Diego Montoya, donde los esperaba el “Tío”. Me dejaron ahí e inmediatamente el “Tío” y los hombres del Toyota se fueron para el puesto adelantado.

"Más tarde me llevaron a la base y al rato de estar ahí, ya por la nochecita, apareció mi mayor Urueña -a quien le decían don Alirio-, junto con la gente de la hacienda. Al guerrillero también lo bajaron y lo metieron a una pieza grande. Entonces empezaron a interrogarlo y le dijeron que ellos le daban unos millones de pesos, que le cambiaban de identidad y que lo mandaban para otro país. Yo estaba convencido que ellos, los de la hacienda, eran del F-2. En una parte del interrogatorio me hicieron acercar para que el guerrillero me reconociera y le preguntaron que si me conocía. Luego de mirarme me dijo: “Este fue al que yo le pedí los papeles en La Sonora”. Yo no me quería dejar ver del guerrillero porque de pronto lo soltaban y me quedaba reconociendo, pero uno de los autodefensas dijo “tranquilo, déjese ver que a este de todas maneras lo matamos”. El me dijo que fresco, que en esa hacienda llevaban tiempo haciendo lo mismo y me contó del caso de otro hombre al que mataron y le decían “El Mocho” y quien no aguantó la tortura. Me dijo que no cantó nada y que le colocaron el soplete en los testículos y que no aguantó nada. Luego, me dijo, calentaron una varilla con el soplete y se lo introdujeron por el ano al rojo vivo, y después le levantaron las uñas con una navaja. Debido a eso no aguantó y se murió.

"Al continuar el interrogatorio, mi mayor le preguntó al guerrillero su nombre verdadero. El dijo cómo se llamaba, pero mi mayor dijo de un momento a otro que 'este hijueputa está diciendo mentiras' y lo amenazó con un soplete.
El muchacho gritó y dijo que quería colaborar. "Luego lo sacaron y le mostraron un listado y le dijeron que señalara a los que eran auxiliadores de la guerrilla. El los reconoció a todos y agregó otros. El 'Tío', un hombre gordo, bajito, de 55 a 60 años y usa sombrero, se puso muy bravo cuando vio que el listado era muy grande. En tono muy duro dijo: 'Hay que ir, hay que ir por esos hijueputas".

LAS DESAPARICIONES

"Después de terminar el interrogatorio mi mayor se reunió con el viejito al que le decían 'Tío' y montaron un operativo para subir a La Sonora a recoger los auxiliadores de la guerrilla. Entonces se reunieron como 30, conmigo incluido, y luego cuadraron tres carros: una camioneta Chevrolet 300, carpada, de estacas, en la que se subieron como ocho, entre ellos tres soldados, que iban de camuflado, y un sargento, que iba de civil; el otro carro era un campero Toyota de placas NC 5656, cabinado, al que subieron otros seis, y una camioneta Ranger roja con vidrios polarizados, marca Ford, en la que se montaron otros ocho. Como hacía falta un chofer, me dijeron “échele mano a esa camioneta 300”. Me subí y nos fuimos para La Sonora. Al guerrillero lo llevamos y se lo entregamos a la contraguerrilla antes de llegar a donde estaban los campesinos. No sé qué pasó con él, pero me imagino que lo mataron.

"Cuando llegamos al sitio donde había sido el combate eran como las 10 y 30 de la noche. En las casas cercanas empezaron a recoger a los campesinos. Al que primero sacaron de la casa fue a un señor don Ramiro, a quien le tocaron la puerta duro y le rodearon la casa. Los soldados se quedaron afuera prestando seguridad mientras los autodefensas entraron por el campesino. Le gritaban “Ramiro, salga”. El no quería salir y entonces uno de ellos le gritó “salga a ver hijueputa”. Cuando lo sacaron, la señora y los hijos se pusieron a llorar y decían que no lo fueran a matar. Entonces lo amarraron con un rejo de las manos y lo subieron a la 300. No tenía camisa. Luego subieron más arribita a otra casa y recogieron como a otros tres más y también los subieron amarrados a la camioneta.

"Don Ramiro, llorando, decía “¿pero yo qué he hecho?”. Ellos le contestaban que nada más que colaborarle a la guerrilla. “Pero si ellos lo obligan a uno -respondió don Ramiro-. Uno qué más va a hacer, si no lo matan a uno”.

"Luego arrancamos ahí para abajo hasta que llegamos a La Sonora, donde estaba cayendo un aguacero. Entonces procedieron a sacar al dueño de la tienda. Ya frente a su casa dijeron: 'Buenas noches, levántense pronto'. Inmediatamente llamaron al dueño de la tienda. El se levantó, abrió la puerta y en ese momento le pidieron papeles y lo trasladaron al corredor de la casa. Luego lo subieron a la camioneta. Más arribita de la tienda recogieron a otro y más abajo recogieron más, entre ellos al dueño de un jeep, que era quien transportaba a los guerrilleros. A él le tumbaron la puerta del carro y lo sacaron a empellones. Fueron en total 11 personas, incluyendo al inspector de Puente Blanco y a una viejita. Después nos regresamos a la hacienda Saloni, que es de Diego Montoya. La finca queda en inmediaciones de Salónica y Andinápolis y allá llegamos a las 4 y 30 de la madrugada.

"Ya en la hacienda se dirigieron a una bodega y sacaron una camioneta Daihatsu de estacas de color verde, donde tenían un poco de abono. Ahí metieron a los campesinos, amarrados. Uno de los autodefensa les dijo que entregaran todo lo que traían. Uno de ellos entregó 150.000 pesos. De esa plata, que echaron en un costal de fibra, junto con algunos relojes y anillos, sacaron 40.000 pesos y me los entregaron. “Tenga papito”, me dijo cariñosamente el autodefensa.

"Cuando amaneció, por ahí como a las siete de la mañana, llegó el mayor y le dijeron que había que torturarlos de una vez. Pero el “Tío” dijo “no, desayunemos primero porque sino después nos da fastidio”. Les vendaron los ojos y los sacaron uno a uno de la bodega y se los llevaron para una cosa que llaman la peladora, ahí mismo en la hacienda. Allí los metieron en esos costales grandes que llaman pergamineros, entonces los tiraron al suelo y los costales les llegaban hasta la rodilla. En el suelo uno llegaba y les ponía los pies encima para que no se movieran. Luego el mayor Urueña cogió una manguera de dos pulgadas de agua y a la primera que se la colocó fue a una señora de 55 años, quien empezó a gritar: “¿Ustedes no tienen hijos, por Dios santísimo qué me van a hacer?”. Luego el mayor le preguntó a la viejita que si ella colaboraba con la guerrilla, porque el guerrillero dijo que era enfermera. Ella le dijo que sí, porque ellos llegaban a su casa y la obligaban a salir. El mayor repitió la misma tortura con todos. Luego le dijeron a uno de los autodefensas que trajera la motosierra. Entonces les mocharon la cabeza con la motosierra para dejarlos desangrando para tirarlos al Cauca por la noche. A todos los mataron así y luego los cortaron en pedazos. Las cabezas las metieron en un costal y el resto de los cuerpos en otros costales. Eran como 12 costalados. En la noche del domingo primero de abril fueron y los botaron en la camioneta Ford 56".

LA MUERTE DEL CURA

"Al otro día por la mañana se desplazó otro grupo de la misma gente a Trujillo a recoger otros cinco más. Entonces les pusieron la misma cosa con la manguera de agua y el costal lo mismo que los anteriores. Yo escuché cuando los estaban torturando y el mayor Urueña les preguntaba que quién movía las acciones de la guerrilla en Trujillo. Luego les mostraba un volante que tenía en la mano y que lo habían repartido antes de las elecciones en el pueblo. Preguntó una vez más que quién había sacado el volante, hasta que uno de los torturados dijo que el padre Tiberio Fernández, de Trujillo, y que los sacaban en la casa cural.

Los campesinos señalaron como colaboradores de la guerrilla a Rogelio Rodríguez, a todos los Giraldos, a Fernando Londoño, a misiá Matilde, a los dos alcaldes, el entrante y el saliente, al registrador, a los secretarios de la Alcaldía, a las secretarias de la casa cural y a un chofer al que le dicen “Mico Negro”. Entonces los paramilitares dijeron que había que empezar a voliar martillo, o sea, a matar a todas esas personas.

"Con todas esas cosas que yo había visto entendí muy tarde que se trataba de paramilitares, que estaban matando gente inocente y que trabajaban con el mayor Urueña. El grupo de autodefensa está compuesto por unos 40 hombres y sus cabecillas son Diego Montoya y Henry Loaiza, alias “Foraica”, quien es narcotraficante y dueño de laboratorios que tienen en otras fincas. El mayor andaba con los cabecillas, casi siempre con Montoya, porque como a él la guerrilla le había exigido 100 millones de pesos, entonces él seguramente le comentó al mayor y se pusieron a buscar guerrilleros por intermedio de sus grupos de autodefensa. En la hacienda de Diego Montoya tienen más de 100 armas, ametralladoras con camisa de refrigeración y munición explosiva.

"Entonces yo comprendí que estaba en problemas y le dije al mayor que me iba a mandar a hacer una curación en la pierna. Me dieron 60.000 pesos y me dijeron que me quedara unos 15 días más. La plata me la dio el contador que se encuentra en la hacienda y es el que le paga a los sicarios.
"Pero yo me puse a pensar que si me quedaba otros días lo que iba a pasar es que a mí también me iban a matar. Entonces inventé que todavía estaba malo y que necesitaba viajar a Pereira a una nueva curación. Pensé ir a la Tercera Brigada en Cali, pero dije mejor no voy allá sino que me vengo para la Procuraduría. Y aquí estoy..."

Por José Yamel Riaño

15 de Septiembre de 2010

 En la visita relámpago que nos hizo, el excandidato presidencial GUSTAVO PETRO el jueves 9, y en el reportaje que le hizo el lunes 13 del mes en curso la periodista Rocío Londoño para Razón Pública, Petro no se refirió mas al sector que el representa en el partido como “Tendencia” sino como “Corriente Democrática” significando con esto que somos mas que un sector interno en el partido; somos un Proyecto Democrático en construcción que involucra a gentes del Polo pero también a  demócratas fuera del Polo.  

Dice Petro que todavía no hay decisiones entorno a; si permanecer dentro o fuera del POLO. Por ahora, se ha aprobado en varias reuniones de Bogotá y la Costa Atlántica que se mantiene autonomía con miras a las elecciones de 2011. Agrega que se va con tres propuestas claves: 1) Tener excelentes candidatos ajenos a la corrupción y con capacidad de gobierno 2) Construir bloques democráticos regionales y 3) Hacer propuesta de transformaciones democráticas reales que no se queden en simples coaliciones electorales.

De estas afirmaciones escritas, reales, se desprenden cualquier cantidad de preguntas normales para un momento de decisiones como el que se vive hoy al interior del partido en Cali, el departamento y el país. Buena parte de ellas tienen respuesta de parte del mismo Petro en el reportaje referido que hemos distribuido. Otras no se responden pero hemos acordado un taller para tal fin.

Con esta reflexión solo quiero expresar lo que nos corresponde como sector en Cali y el Valle del Cauca y desde mi cómoda condición de miembro de base pero asumiendo toda la responsabilidad necesaria. Para empezar: de lo por mi escuchado al excandidato y leído en el reportaje, interpreto que el “escape” del Polo, a que  se refiere Petro, es un hecho político real que además comparto. Ya en otros escritos me he referido al tema en la misma dirección.

Hago claridad que el enfoque que he querido darle a mis opiniones, con todo respeto por el compañero Petro, difiere en que él al referirse al sector “democrático”, lo ubica en la izquierda cosa que no comparto porque sencillamente los términos hoy  modernamente no son compatibles. Por el contrario conceptualmente se  repelen. Ninguna dictadura, así sea la del proletariado puede ser democrática, o no es dictadura. Es mas, creo que el sector que al interior del Polo Petro llama de izquierda tradicional, -PC y MOIR- cuando en el CE nos imponen las decisiones por mayoría se amparan en la vieja tesis democrática de las mayorías sobre las  minorías que hoy no tiene razón de ser porque las minorías son irreductibles. Pero es mas, hoy no se debe hablar de minorías sino de singularidades. -Afirma el mismo Petro, en el ya tantas veces referido reportaje-. En síntesis; la Izquierda y la derecha son solo una parte del todo, mientras lo democrático es lo múltiple que no desconoce sino que supone lo diverso.

Volviendo al tema, del “escape” entre las decisiones tomadas está la de: “2) Construir bloques democráticos regionales…” Aspecto este de la mayor importancia porque queremos en verdad seguir siendo gobierno y dejar de lado la cultura de ser oposición. En la practica, nosotros, el sector democrático del Polo en el departamento del Valle del Cauca, nos hemos adelantado en la tarea de construir bloques democráticos regionales, pues no olvidemos que como tales, votamos y  convocamos a la ciudadanía a votar por el actual Alcalde de Cali desconociendo la directriz del Partido que nos quiso imponer otro candidato al que derrotamos demostrando que aquí los demócratas somos mayorías dentro y fuera del Polo.

Después, y hombro a hombro con Podemos Cali, elegimos a nuestro senador Mauricio Ospina. Ahora, atendiendo no solo la directriz nacional sino la necesidad política del momento, estamos adelantando acercamientos con el Partido Verde, con la ASI y con Podemos Cali. Existen además buenas relaciones con sectores que se denominan de Centro Izquierda que junto a sectores Uribistas demócratas se vienen estructurando en la perspectiva de avanzar en un bloque que incluya a algunos sectores empresariales de la región para enfrentar, con candidatos propios surgidos de esa unidad, la elección de Gobernador y Alcaldes en el 2011, porque todos tenemos claro que el sector a derrotar es precisamente la politiquería aliada a la corrupción mafiosa y para ello debemos unir todas las fuerzas de la democracia.

Por último, como en el Valle, al interior del Polo somos mayoría, pero como además, hemos acordado como sector mantener la autonomía con miras a la campaña electoral 2011, estamos seguros que mientras mas pronto resolvamos la situación al interior del Polo mas rápido podemos avanzar en la tarea construir las estructuras electorales que nos permitan como bloque ganar la gobernación, la Alcaldía de Cali y otros municipios, al tiempo que avanzar en la tarea: 3) Hacer propuesta de transformaciones democráticas reales que no se queden en simples coaliciones electorales.